Cesar Ríos
Director Ejecutivo
ASEFIN
Asociación
Salvadoreña de Educación Financiera
El Salvador, 2013
…
Lo que se observa es que las remesas sirven como salario, con características
privadas, y no como capital. Las políticas
deben estar enfocadas a que el gobierno pued0a cubrir las necesidades básicas
de la población, para que no
necesite de una remesa para suplirlas, el gobierno debe enfocar su estrategia
para fomentar el ahorro, no aliarse con los planes de fomento del consumismo. …
Estos y otros
aportes fueron parte de una reflexión colectiva que coordino ASEFIN, para revisar los últimos resultados de las remesas
familiares en El Salvador 2012.
Fuentes
oficiales indican, un incremento de 7.2% anual, US$3,910.9, Este dinero es 31
veces mayor que la inversión
extranjera directa que recibió
el país
hasta junio del año
pasado ($116 millones).
Hay que tomar
en cuenta que no todo es consumo superfluo, pues las remesas son un complemento
del ingreso familiar y contribuyen a que las familias sean menos pobres.
Entonces la pregunta clave es ¿Es consumismo o calidad de vida?
Datos indican
que en los últimos
años
ha aumentado en 8% los migrantes a causa de las deudas. Cada vez hay más profesionales migrando y las
remesas que envían
están
destinadas al pago de esas deudas. Este ejemplo dimensiona los alcances que
pueda tener una POLITICA MIGRATORIA ya que, no puede haber una sola política pues el tema atraviesa varios
ejes. La migración
regional hacia EEUU se ha vuelto una tragedia colectiva de dimensiones
desconocidas.
Sin embargo, más
remesas no significan mayor crecimiento económico pues, según las proyecciones
del gobierno, 2012 cerró con una variación al alza de apenas 1.5 % de su
producción.
El
Salvador es el cuarto país de A.L. que recibe más
remesas de EE.UU. A pesar de eso, es uno de los países con menores tasas
de crecimiento económico, respecto al PIB anual. Según un estudio realizado
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) El Salvador es precedido solo
por México, que en 2011 recibió
$22,731 millones y Guatemala ($4,377 millones) y Colombia ($4,168 millones).
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